Le robaron sus datos para una estafa, no pudo tramitar la AUH y ahora la Justicia se la concedió

La víctima había sido engañada en 2015 con la promesa de percibir otro beneficio.

La Justicia Federal en Corrientes ordenó a la Anses que le conceda la Asignación Universal por Hijo a una mujer que aparece en los registros oficiales como autónoma con altos ingresos, pero que sin embargo aseguró que fue estafada tras el robo de sus datos personales.

La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes ordenó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que le conceda la Asignación Universal a una mujer de 25 años de edad y madre de una niña de 7 meses de vida de la ciudad de Goya, luego de que su trámite fuera rechazado por aparecer en los registros del organismo como inscripta en la Afip como autónoma.

El fallo al que tuvo acceso El Litoral indica que en su condición de inscripta la mujer percibe “importantes ingresos”, en distintos rubros y categorías, por lo que no le correspondería el beneficio solicitado.

Sin embargo, la Justicia Federal de Goya inició una investigación para determinar el origen de ese registro, ya que la mujer demostró que se encuentran junto a su hija y su pareja, en estado de vulnerabilidad.

En ese sentido, tras rechazar la inscripción y los montos consignados, la mujer declaró en su denuncia que siempre fue “ama de casa” y que habría sido víctima del robo de sus datos personales para la concreción de una estafa.

Así, expresó que en el año 2015 recibió la visita en su domicilio de dos personas que efectuaban pensiones, razón por la cual le dio todos sus datos personales, “recibiendo posteriormente por dos o tres meses la cantidad de $2.000 o $3.000, que le enviaban a través de la empresa Bassi Bus, dejando luego de varios meses de recibir dicho pago”, indica la resolución firmada por los jueces Ramón Luis González y Mirta Sotelo de Andreau, sobre la base de una presentación hecha desde el Ministerio Público por los fiscales Mariano De Guzmán y Carlos Schaefer.

La beneficiaria de esta medida, determinada como cautelar, es Nancy Natali Núñez, quien declaró que vive junto a su hija y su pareja, dedicado al oficio de albañil por el cual percibe un promedio de 10.000 pesos por semana.

Su caso llegó a los tribunales federales de la capital, luego de que el fiscal De Guzmán apelara una medida de la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, quien se declaró incompetente en la causa por entender que debía tramitarse en el Juzgado Federal 1 de esta capital.

Para resolver de esa manera, Pozzer Penzo tomó en cuenta que la inscripción de la víctima en la Afip se realizó en Corrientes y no en Goya.

En su planteo, el fiscal de Goya afirmó que se desprende del informe socioambiental elaborado por Prefectura Naval Argentina y realizado en el domicilio de la denunciante, que “no cuenta con recursos suficientes, siendo contradictorio que, si Núñez percibiera dichas sumas millonarias informadas por Afip, lógicamente no solicitaría el beneficio en Anses”.

Para llegar a este resultado, los fiscales que actuaron, así como los magistrados de la Cámara, tuvieron en cuenta el interés superior del niño, así como los derechos básicos consagrados con rango constitucional que preservan la satisfacción de necesidades básicas, en este caso, de la bebé.